El gobierno municipal de Santa Coloma ha provocado la marcha de la interventora a través de la manera más sencilla y menos costosa tanto política como económicamente: buscarle un substituto de carrera que, amparado en un decreto de la Generalitat de 2008 obligara a Maite Carol a dejar su puesto de forma automática. El acceso de Carol al cargo que deberá ahora abandonar estuvo plagado de “concesiones” a los méritos que ya tenía contraídos anteriormente y que, gracias a los conocidos como pretorianos (Muñoz, Vela, Falcó y Gadea), le dio la plaza sin ningún problema en 2006.

El 25 de enero de 2006, el ayuntamiento de Santa Coloma publicaba un edicto mediante el cual se convocaba concurso público para la selección de un/a economista para ejercer las funciones de interventor/a municipal. Enric Camps, el interventor existente había decidido marcharse debido a las muchas presiones que recibía del gobierno de Muñoz, ya con mayoría absoluta desde 2003. Las bases del concurso eran, aparentemente, las normales y con un jurado compuesto por el alcalde Bartolomé Muñoz como presidente y Joan Carles Mas como suplente y con vocales como Pascual Vela y suplentes (que a la hora de la verdad en algún caso fueron titulares) como Lluís Falcón, Diego Castejón o Albert Gadea. Todos ellos están imputados o son testigos importantes en la trama Pretoria.
Maite Carol, que había sido interventora de Badia de Vallés, fue aspirante a un concurso en cuyas bases se daban puntos a quien ya hubiera ejercido este cargo en otros municipios (valoración que a ella se consignaba automáticamente en su puntuación final) y la elaboración de una memoria consistente en la redacción de un “proyecto para el análisis y el control de costos de los servicios de un municipio”, entre otras variables que iban también en su beneficio.
Lo que se ha sabido estos días es que el modelo de proyecto que se solicitaba daba una ventaja clara a Maite Carol respecto a los otros posibles aspirantes, ya que un año antes (2005) había publicado en Papers de Formació Municipal, núm 124, un texto titulado “L’anàlisi de costos a l’administració local” que firmaba conjuntamente con Albert Gadea, precisamente uno de los finalmente vocales en el tribunal del concurso.
Este informe daba hasta 4 puntos de los 5 mínimos (Carol ya sumaba por encima de este tope con los que conseguía por haber sido interventora en Badia) que se exigían para ser candidato/a a la plaza de interventora.
De esta manera, no fue nada complicado que Maite Carol consiguiera el puesto y, poco más tarde, fuera nombrada directora de Servicios Económicos del consistorio, con lo que a la hora de hacer presupuestos, por ejemplo, era ella misma quien debía fiscalizar su trabajo.
La connivencia con los “pretorianos” –todo el consistorio es consciente de la gran afinidad existente con Gadea y otros miembros del colectivo- fue motivo a los pocos días de acceder a la alcaldía Núria Parlon de que se decidiera su cese. La mejor manera, la más sencilla y totalmente legal era encontrar un substituto entre los interventores de carrera. Algo que, por lo visto, ha sido muy fácil de hacer. La propia Carol era consciente de que sus días en Santa Coloma de Gramenet estaban contados y de ahí que el informe negativo sobre los presupuestos fuera filtrado a la prensa barcelonesa, tradicionalmente más afín a Muñoz y su equipo de gobierno.
La solicitud del futuro interventor entró en la Generalitat el 27 de enero, antes de que firmara su informe y tenía fecha 28 de enero y fue filtrado al día siguiente, viernes.
El modo “cómodo” de acceso de Maite Carol al cargo era perfectamente conocido. Como lo fue el que en su día consiguió Toni Jiménez, uno de los imputados en el caso Pretoria, para acceder a la plaza de Cap de Serveis del Institut Municipal d’Esports (IME) que presidía y sigue presidiendo Antonio Carmona, teniente de alcalde del consistorio colomense. Una práctica de contratación específica que, por lo que parece, no era extraña bajo el régimen del ex alcalde Muñoz.